Luis Castro, historiador y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, cree que el número de víctimas mortales de la represión en la provincia durante la Guerra Civil ronda los 2.500
Foto tomada en Villamayor de los Montes durante la exhumación de
su fosa común en 2004.
Frances Torres
R.P.B. / Burgos
La Audiencia Nacional, a instancias del juez Baltasar Garzón, ha iniciado esta semana la mayor investigación judicial sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. El juez reclama información para la elaboración de un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes desde la sublevación militar del 18 de julio 1936. Se trata de una decisión sin precedentes que podría contribuir a completar uno de los principales objetivos de la Ley de la Memoria Histórica: localizar hasta el último resto sepultado para que pueda ser inhumado dignamente.
Quizás porque desde la capital se lideró el movimiento rebelde contra la República, es popular la creencia de que en Burgos apenas hubo represión; que las víctimas se dieron en otras latitudes. Nada más lejos de la realidad. La coordinadora provincial de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva años trabajando en la exhumación de fosas comunes con notable éxito, contempla la posibilidad de que en la provincia burgalesa se alcanzara la escalofriante cifra de 2.500 víctimas.
Luis Castro, miembro de este colectivo y autor de un minucioso estudio sobre la represión en la provincia que publicó en su libro Capital de la Cruzada (Editorial Crítica), señala que en la base de datos del colectivo burgalés figuran casi 1.700 víctimas (con sus nombres y apellidos) asesinadas bien por sacas, paseos, consejos de guerra o inanición en la cárcel, «aunque calculamos que este número no bajó de 2.500». En este sentido, señala que hay muchas lagunas de zonas donde la represión fue mayor, como es el caso de Miranda de Ebro o de Las Merindades.
«Lo incompleto de los datos de que disponemos impide hacer un análisis espacial, aunque resulta obvia la constatación de una violencia represiva relativamente mayor en núcleos con importante implantación sindical o izquierdista (la capital, Miranda de Ebro, Arija, etc.) o en puntos con antecedentes de altercados o enfrentamientos políticos durante la Segunda República (como en algunos pueblos de la Ribera del Duero, Aranda, los Gumieles, La Horra...)», indica Castro.
La base de datos que maneja el historiador y miembro de la coordinadora provincial integra también a aquellas personas que sufrieron cárcel, depuración laboral, castigo económico, etc., «de modo que en total constan nominalmente unas 6.900 personas», señala Castro.
Esa base de datos nominal recoge a personas avecinadas en la provincia de Burgos. Toda esa información ha sido obtenida cruzando datos de fondos documentales existentes en Burgos capital (sobre todo en los archivos municipales, la Audiencia Territorial y la Prisión Central) con testimonios personales recogidos por la coordinadora provincial y con referencias bibliográficas.
«La información, por un lado, da una muestra lo suficientemente amplia como para avalar el cálculo aproximado de víctimas mortales, así como el análisis general de éstas en cuanto a su carácter político o su distribución por sexos y grupos laborales; pero por otra parte, los datos de que disponemos son parciales e incompletos y, al proceder de fuentes tan heterogéneas, no siempre ofrecen el grado de precisión necesario para profundizar en su análisis tanto como sería de desear».
Por partidos judiciales
Sobre las víctimas mortales en la retaguardia rebelde, Castro subraya que hay referencia nominal de unas 1.700 y que, a falta de la actualización de las exhumadas recientemente, se distribuyen según los partidos judiciales de la época de esta manera: Aranda de Duero (413); Belorado (9*); Briviesca (58*); Burgos (290); Castrojeriz (67*); Lerma (145); Miranda de Ebro (93*); Roa (169); Salas de los Infantes (108); Sedano (93*); Villadiego (41*); Villarcayo (140*); Localización dudosa (34). Los partidos señalados con un asterisco hacen referencia a las zonas en las que los datos son más parciales, sin que tampoco en los demás casos se pueda asegurar que sean los definitivos pese a que puedan considerarse aproximados. En este sentido, Casto indica que es en Miranda donde habría que revisar la cifra más al alza. No en vano, algunos autores hablan allí de un millar de víctimas mortales, siendo la referencia mínima de 300.
A pesar de que es «una buena noticia», Castro se muestra prudente y reconoce que la ingente labor de identificación de desaparecidos topa con una importante dispersión, descatalogación y en algunos casos «destrucción deliberada» de muchos fondos importantes para conocer la represión: desde los ministerios de Interior y Justicia hasta los órganos militares, concluye.
Fuente: www.diariodeburgos.es